Por de pronto, es importante aclarar que la transformación política-social-económica, que histórica y democráticamente se justifica y se avecina con certeza en Bolivia, sólo puede desarrollarse bajo la primicia de un afianzamiento del nacionalismo y la soberanía. Sin patria no hay tierra para arar el futuro; y sin patriotismo unificador, no habrá impulso sostenible para el progreso compuesto que se requiere. 

 El progreso económico deseado por los bolivianos, no solamente responde a las exigencias del mercado internacional de crédito e inversión, pero primordialmente, y en complemento, atiende al asunto social boliviano. Para los que no se han enterado, este es el fundamento político que ha impulsado a Evo Morales al poder. Lo que queda por aclararse es la dimensión práctica y la base teórica de cómo resolver la total deficiencia de atención social que trajo el advenimiento de las reformas estructurales llamadas “neoliberales”, que hoy se encuentran en contienda política en casi todas las naciones latinoamericanas- como alguna vez lo fue la contienda de las naciones desarrolladas contra la imposición y la dirección del flujo de capital adverso a sus naciones o regiones. Vale la aclaración histórica de no colegir, en términos absolutos, que el concepto de capitalismo histórico se reduzca al de “neoliberalismo” latinoamericano de simple corte fiscalizador, promovido a partir de los años 1980 como experimento regional del FMI y otros organismos y escuelas, con el propósito reconocido de resolver la evolución post-soviética de los países de Europa oriental. Cabe también aclarar que Bolivia se brindó en un principio a ser laboratorio de pruebas- como en los casos de las reformas privatizadoras, tributarias y de renta- por la miopía política de discípulos de estas entidades que implementaron tecnocracias desligadas de visión político-social, en un afán limitado de conformismo profesional. Pero también hay que apuntar que intereses privados acaparadores vieron ‘campo abierto’ y procedieron a saquear la nación andina. En general, se apostó al triunfo económico financiero, sobretodo concentrado en la estabilidad monetaria y la explotación de recursos naturales como el gas y la minería, a costa del sacrificio social-laboral, acompañado de las tradicionales masacres obrero-campesinas.

Las notas del compendio mediático actual parecerían sugerir, a los indoctos en la materia de la política económica, avenidas estrechas e inflexibles a seguirse con advertencias como: “si no hay estabilidad económica en Bolivia ésta sufrirá las consecuencias”; de lo cual se puede inferir que no hay campo a la flexibilidad práctica o teórica, sobre todo después de escuchar la simplificación política proveniente del exterior- que por supuesto resguarda sus propios intereses nacionales o regionales. Me explico: los intereses foráneos de naciones y organizaciones multilaterales nos advierten que- además de la consabida seguridad jurídica y el llamado a la adhesión a tratados internacionales (como el que rige el tráfico de drogas en la ONU)- la estabilidad económica es requerimiento para las inversiones extranjeras en Bolivia, y que Bolivia no podría vivir sin estos influjos. Considerando la exigencia de acción social, que es el motor y esqueleto del nuevo gobierno y fundamento de su política de Estado, la pregunta es: ¿cómo se podrá responder a moros y cristianos? Para eso tenemos que entender nuestras opciones como ingenieros de la política y como estadistas, y no tan solo como tecnócratas circunstanciales (que pueden ser muy útiles en su debido tiempo y forma utilitaria).

Después del intento económico liberal de gobiernos como el de Hoover en los EEUU, Arce en Bolivia, y Pueyrredón en la Argentina, las fluctuaciones de los mercados externos e internos mostraron la vulnerabilidad de este sistema a movimientos económicos pronunciados, y se procedió, tras obvias manifestaciones de tragedia humana, con la implementación del Estado de Beneficio, no sin poca injerencia del socialismo marxista y la social-democracia europea. Así puede evidenciarse en los gobiernos del MNR (1952) en Bolivia, de Perón (1943) en la Argentina y Roosevelt (1930s) en los EEUU. A pesar de palpables éxitos en sistemas como la educación y la salud pública, pudo más el caos financiero inflacionario, el estancamiento económico, el crecimiento del déficit fiscal, y los incrementos acelerados de la deuda externa resultante de los excesivos gastos públicos del Estado de Beneficio, además del uso de este sistema como herramienta partidaria no-consensual y de poder económico centralista, produciendo el colapso de este modelo en estas tres naciones. Finalmente, en gobiernos como el de Reagan (1980s) en los EEUU, Paz Estensoro (1985) en Bolivia, y Menen en Argentina se impulsó la liberación de regulaciones y la privatización de las empresas públicas (o “capitalización” en Bolivia). En los países con mayor riqueza acumulada y capital humano mejor ajustado, la apertura a factores económicos exógenos no fue tan drástica y hasta socialmente beneficiosa. En cuanto a la mayoría de los pueblos latinoamericanos, el empuje de las políticas de ‘liberación del costo público’, llamadas “neoliberales”, y la exposición de los elementos endógenos nacionales a los mercados internacionales, no contaron, ni cuentan, con los factores competitivos cruciales en sus economías como ser la capacidad de ahorro interno, el poder de reinversión, la acumulación de riqueza nacional, la capacidad de crecimiento económico acelerado, y el capital humano acorde. Esto explica porque la apertura a los mercados internacionales, al igual que la internacionalización de los sistemas financieros, trajeron consigo presiones sociales insostenibles, en desmedro de la solidaridad social por parte del Estado. Además considérese que la política ‘segmentaria’ hacia las demandas sociales- multiplicaron el trabajo singular e independiente de las ONGs-, la disolución del soporte institucional ante los ciclos económicos, el abandono de las normas de distribución progresiva de ingresos, y la falta de movilidad social dejando desposeídos a pueblos como el boliviano. Este tipo de desarrollo indemnizó principalmente a los elementos previamente ajustados a los niveles internacionales- llamado proceso de “globalización”- como ser los individuos educados en la organización tecnológica moderna y las empresas competitivas a nivel mundial. El resultado de estos experimentos en Bolivia fue directo: el crecimiento de la pobreza y de los pobres, la formación de una economía de monopolios, y la exportación de capitales generados sin beneficio nacional amplio. En Bolivia, en particular, se aseguró el fracaso “neoliberal” con el aislamiento racista impuesto a la mayoría nacional que todavía se mantiene en niveles preindustriales sin capacidad participativa en la economía consumista tan necesaria para el éxito de este modelo económico. Los índices de crecimiento del PIB per cápita se encuentran por encimas del ingreso familiar promedio en términos relativos, precisamente porque la economía crece en conformación con lo exógeno casi exclusivamente, y no dirigida hacia el bienestar interno generalizado.

Si el estancamiento social es el resultado de las medidas de estabilidad económicas impuestas por los gobiernos y entidades internacionales de crédito e inversión, ¿no significaría un suicidio nacional proceder con esta prescripción condicional, dadas las experiencias pasadas y las circunstancias sociales presentes? Por supuesto. Y, ¿no sería mejor entregarnos a un misticismo tibetano etéreo sin preocupaciones de tiempo y espacio? Sería preferible. Pero existe otra estrategia, y es la de desarrollar y formular una política de Estabilidad Económica Agregada concentrada no sólo en el factor monetario-financiero, como diagnóstico institucional propuesto por las entidades internacionales, sino más bien ampliada y adelantada a proponer la viabilidad internacional de Bolivia en términos de un ajuste social agregado que valorice más dilatadamente la estabilidad económica, y que resuelva drásticamente los requisitos sociales para la participación real y positiva en el verdadero modernismo: el que trae, como resultado directo de la participación boliviana en la economía mundial, oportunidades de dignidad y bienestar a todas las familias bolivianas, sobretodo a las más marginadas históricamente por el racismo y el egoísmo. Esta proposición se fortifica y se respalda al considerarse la gran riqueza de recursos de la nación boliviana que tiene el potencial de revertir beneficios materiales directos a la población en general bajo ajustes sociales agregados. El componente inicial de esta política económica agregada es claro: la adecuación normativa de una Asamblea Constituyente que resuelva la estructura de los poderes del Estado y proclame la institucionalización de los Derechos Sociales como elemento agregado de la política de Estado. Otros elementos de apoyo podrán ser: el retorno de los recursos económicos naturales a la propiedad estatal. La dotación de salvoconductos jurídicos equitativos a la inversión nacional y extranacional. El fin a la impunidad y corrupción bajo la garantía de bienes personales en relación a la transparencia funcionaria por parte de empleados públicos o contractuales, bajo pena de expropiación.

El problema de la gobernabilidad se resolverá en gran parte con la reimplantación e institucionalización de sistemas de protección social que beneficien directa y agregadamente a todos los sectores sociales, además de la adaptación incondicional de los bolivianos al mundo económico por medio de la tecnología y la eficiencia organizativa que resulte en un ascenso social generalizado, anulando la reducción de costos laborales como arma de competitividad. El crecimiento empresarial se vería mas beneficiado bajo una estabilidad económica agregada y duradera que permita planificaciones a largo plazo. Este proceso no puede tener límites cortos y requiere de la capacidad de reelección del poder ejecutivo dentro de un proceso democrático; puesto que no se puede aspirar a la transformación social e institucional, además de la legitimación política, para establecer una estabilidad económica real y duradera en un solo período quinquenal. No después de haberse esperado 180 años para la integración y conformación de una República boliviana integrada, justa y próspera, y no solo representativa de una mínima fracción oligarca. [ARRIBA]

 Jaime Otero-Zuazo