Nos encontrábamos alrededor de la mesa, ese lunes de febrero de 1970. Mi padre había desaparecido dos días atrás y mi madre temía que otra vez el DIC (la policía política boliviana de entonces) lo haya secuestrado y lo tuviera detenido o, lo peor, desterrado al exterior o algún inhóspito campo de concentración en el interior del país. Al iniciarse el noticiero radial de la una de la tarde nos enteramos de forma cruel (mientras parientes y amigos esperaban fuera de casa  sin decidirse a darnos la trágica noticia) que mi padre, Jaime Otero Calderón, había sido asesinado.

   Por años, en el aniversario de su muerte, periodistas y amigos, escribieron y nos comunicaron conmovedoras palabras sobre la valentía y el comportamiento impecable de este hombre que decidió luchar sin tregua contra la corrupción, y que personalmente profesaba el respeto y la consideración hacia los demás, en especial a los más afligidos en la sociedad boliviana. Fue pachacutista de joven; político del MNR antes, durante y después de la Revolución de 1952, ejerciendo como joven diputado, alcalde, diplomático y ministro. Durante los gobiernos de facto fue tenaz defensor de la democracia ausente. Como ministro de Estado,  fue nombrado presidente de la comisión para la Reforma Administrativa antes del golpe de 1964. Fue entonces cuando promulgó la tesis de que la planificación económica debe siempre estar ligada al control de la corrupción como parámetro fundamental de la ecuación económica, y no como una excepción.

  Después de 1964, hubo una fuga de profesionales a los organismos internacionales, pero mi padre decidió quedarse en Bolivia e iniciarse como periodista y escritor en revistas como “Praxis”, además de publicar el semanario Servicio de Información Confidencial (SIC), donde comenzó a denunciar abiertamente actos documentados de corrupción gubernamental. Cada vez se presentaban más empleados del gobierno, de todos los niveles, que confiaban a mi padre con información que comprometía a uno u otro funcionario de la ‘cleptocracia’ gubernamental. Siendo abogado, mi padre publicaba sólo los casos con pruebas fehacientes; pero aún así eran cada vez más las denuncias. Además, muchos de los comprometidos lo visitaban, en la vieja “Imprenta Artística” de la familia, pidiéndole que desista en el afán de exponer este o aquel acto de corrupción. Le ofrecieron trabajar con el gobierno, dinero y por último lo amenazaron- incluso fue advertido públicamente por un presidente (el mismo que declaró duelo nacional tras la muerte de mi padre- Decreto Supremo 09097, 16 de Febrero de 1970) y, por supuesto, las autoridades de la represión política, pero mi padre se mantuvo fiel a sus principios. Tristemente, muchos de los antiguos “revolucionarios” de su propio partido, sin un ápice de vergüenza, visitaban la imprenta con estas mismas exigencias.

  Las denuncias de corrupción llegaron a presionar a miembros del gobierno al punto de emprenderse una serie de arrestos, torturas y maltratos contra mi padre, pero él persistía sin tregua, tal vez motivado por principios mayores que le daban fuerza y esperanza, además de la admiración y apoyo de amigos como el padre Mauricio Lefebre, cuyas silenciosas lágrimas de indignación en el entierro de mi padre nunca olvidaré; Sergio Almaráz, con quien mi padre en calidad de ex funcionario de Minas y Petróleo y de YPFB compartía la importancia de los hidrocarburos en el futuro de Bolivia; Rene Zabaleta Mercado, Marcelo Quiroga Santa Cruz, y otros que en años subsiguientes también se sacrificarían de una y otra forma en aras de la patria.

  Durante esta época de represión política, mi padre conoció la verdadera lucha del pueblo: la de los sindicalistas, obreros y campesinos, que junto a él eran perseguidos, encarcelados y maltratados. De muy chico recuerdo aprender de las esposas y familiares de los detenidos políticos cómo enterarse de sus suertes, como hacerles llegar alimentos, algún periódico o cigarrillos; aprendí también algo de aymará y a tener mucha paciencia. En el sepelio de mi padre reconocí muchas de estas mujeres que lloraban y me miraban como madres a un hijo desposeído. El único secreto que la investigación del asesinato de mi padre reveló fue que, cuando libre de persecución, ayudaba con dinero a las familias pobres de los que iba conociendo en el encierro. Por años nuestra familia se encontró con mucha gente que había conocido a mi padre y nos conmovía el aprecio profundo a su memoria, sobretodo de personas humildes, en admiración a su fortaleza de espíritu, su respeto hacia los demás y la transparencia con la que siempre actuó.

  Por fin llegó a manos de mi padre el caso del contrabando de armas de 1967, mal usando el nombre de Bolivia, donde se involucraba a las más altas figuras del gobierno nacional. El expresidente Victor Paz me notificó en 1989, que los asesinos buscaban la póliza de un barco ‘fantasma’ que llevó el contrabando de España al Oriente Medio, y que mi padre recibió como prueba de uno de los involucrados que temía por su vida. En los azares del destino, la mayoría de los autores directos o intelectuales de la muerte de mi padre tuvieron un triste y vergonzoso fin o fueron aprehendidos por muchos otros delitos que cometieron, como ser los casos de Klaus Barbie (el carnicero de Lyon) y Luis Arce Gómez (el ministro narcotraficante).

  Hoy en día Bolivia inicia una vida renovada como nación, con la oportunidad única en su historia de definir su propio destino en bien de la mayoría hasta ahora ignorada. Uno de los aspectos claves para salir del enclaustramiento general en el que nos encontramos, y de inspirar confianza y fe sobretodo en la juventud, es el de encarar la corrupción en nuestra sociedad de frente, unidos y sin miedo. Muchos estamos pendientes de que nuestros seres queridos: nuestros Héroes de la Democracia, no sean defraudados en su memoria, porque de esto depende en gran parte el destino de la nación. Estaremos pendientes de que la corrupción y la represión política terminen en nuestra sagrada tierra y en nuestra generación. Que el pueblo apoye o demande con la misma firmeza e intensidad con la que el gobierno afirme los llamados a la transparencia y a la reivindicación mayoritarias;  y que no se entregue a la débil complacencia de la corrupción y el maltrato social. Tenemos nuestras esperanzas depositadas en el actual gobierno para el inicio de un futuro limpio, justo, equitativo y próspero.

  Al igual que demandamos del gobierno, debemos hacerlo, aún con más nervio, de aquellos que todavía se empecinan en volver al pasado siniestro de usurpación y abuso. Esta sombra de tentación maligna que no cesa en su deseo de corromper y doblegar con empeño perverso debe ser resolutamente encarada y exterminada por una Bolivia unida ante el crimen. No podemos permitir que los anhelos de los bolivianos se frustren por el egoísmo de unos cuantos, y menos que se humille y maltrate a aquellos que, perseverando en la lucha de siglos, ven por fin las puertas entreabiertas a una mejor y más justa realidad. [ARRIBA]  

Jaime Otero-Zuazo